El Congreso de la Unión expidió y aprobó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se trata de un ordenamiento jurídico a nivel federal que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 07 de junio de 2023. Este código cuenta con una vacatio legis, es decir, se establece una vigencia para que todas las entidades federativas puedan adoptar gradualmente sus disposiciones convenidas, extendiéndose esta fecha límite hasta el 01 de abril del 2027, de acuerdo con su artículo transitorio segundo (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2023) La mencionada norma tiene como objetivo principal regular y unificar los procedimientos en las materias civil y familiar en México, promoviendo primordialmente la oralidad, implementando la justicia digital y la protección de los derechos humanos de todas y cada una de las personas, debido al ámbito de su aplicación, implica un mayor número de asuntos en cuanto se refiere a la materia civil y familiar conjuntamente. Al momento en que cada entidad federativa adopte este código, se abrogarán los códigos procesales Estatales y el Código Federal de Procedimientos Civiles que prevalecen hasta el momento, convirtiéndose en una de las leyes más importantes para la República Mexicana, a su vez establecerá un marco normativo unificado para toda la nación, sin dejar de lado las adversidades que se tienen que enfrentar y buscando su pronta resolución, conforme el Estado de Hidalgo anuncie su adaptación permitida, como se mencionó en líneas anteriores, a más tardar el primero de abril del año 2027. Además de analizar los retos y adversidades que enfrentaremos con este código, se desarrolla un apartado sobre las diferencias que existen entre el juicio escrito y el juicio oral, profundizando en los aspectos positivos de la palabra hablada que nos ofrece esta reforma. Además, se destaca la importancia del principio de oralidad como punto de partida para modernizar y transformar el sistema de justicia actual. Un apartado relevante de este trabajo aborda la realidad que deben enfrentar el Estado de Hidalgo y todas las demás entidades federativas con el nuevo ordenamiento al demandar retos para su implementación exitosa como la falta de infraestructura, presupuesto, capacitación y tecnología. Sin embargo, los beneficios que nos ofrece el nuevo código supera ampliamente los retos, que en lugar de considerarse como adversidades se deben contemplar como áreas de oportunidad para que la aplicación de la norma se equipare con los estándares internacionales que garantice el acceso real, equitativo y efectivo a la justicia cotidiana. Como puntos clave, se analiza el uso supletorio con el que interactuará esta norma en relación con otras leyes, convirtiéndose en la norma principal para el apoyo de los demás ordenamientos del país, así como el funcionamiento de los procedimientos bajo el nuevo código en la rama civil y familiar, así como un capítulo correspondiente a la justicia digital que simplifica el trámite de demanda, admisión o prevención, emplazamiento, contestación, etapa probatoria y sentencia. Finalmente, el hecho de implementar una nueva ley que unifique las ramas civil y familiar, no es solo una opción, sino una necesidad jurídica, social y humana, tras más de 140 años bajo el mismo régimen jurídico sin cambios profundos, se dejan atrás las costumbres arraigadas y la justicia cotidiana deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho humano fundamental.