La investigación analizó el grado de cumplimiento de los estándares mínimos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en el proceso de consulta indígena realizado para la actualización del Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2025-2028. Mediante un método cualitativo, jurídico, dogmático, comparativo y documental se concluyó que el proceso incumplió con los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la SCJN. La comparación con la consulta sobre la reforma electoral 2022 evidenció que el Estado de Hidalgo sí cuenta con capacidad técnica para consultar correctamente, pero omite aplicar esos estándares cuando actúa por iniciativa propia. Se confirma la hipótesis de que la consulta analizada fue un ejercicio de legitimación de decisiones ya adoptadas por el Ejecutivo. Con esta tesis se pretende reconocer que la falta de una ley nacional permite que su correcta aplicación quede sujeta a la discrecionalidad del Estado.