La presente investigación analiza la persistencia del matrimonio infantil y forzado en las comunidades indígenas del sur de México, abordándolo como una violación sistémica a los derechos humanos que vulnera la autonomía, salud y educación de las niñas. El estudio parte de la premisa de que la prohibición legal vigente resulta insuficiente frente a la realidad fáctica de regiones marcadas por la pobreza extrema y la rigidez de sistemas normativos internos (usos y costumbres). A través de un análisis jurídico y social focalizado en las entidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se evidencian las dinámicas de mercantilización —como la dote y el intercambio por deuda— que objetualizan a las menores. Se concluye que el enfoque meramente punitivo del Estado ha propiciado la clandestinidad de las uniones sin resolver las causas estructurales. En consecuencia, la tesis propone la implementación de un Modelo Integral de Erradicación sustentado en tres ejes: incentivos económicos para sustituir el valor de cambio de la dote, infraestructura educativa segura mediante albergues y escuelas de tiempo completo, y la aplicación de justicia restaurativa con enfoque intercultural, transitando así de la imposición externa al diálogo comunitario para la protección efectiva de la niñez.