La tesis estudia el principio de presunción de inocencia dentro del sistema penal acusatorio y oral en México, analizando sus fundamentos jurídicos, su evolución histórica y los retos que enfrenta su aplicación práctica. La presunción de inocencia, reconocida en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, exige que toda persona acusada sea tratada como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un proceso legalmente válido. Este principio se considera un límite esencial al poder del Estado y un pilar del debido proceso. El trabajo inicia revisando cómo México pasó de un sistema inquisitivo mixto marcado por la escritura, la falta de transparencia, la concentración de funciones en el juez y la ausencia de garantías reales a un sistema acusatorio y oral tras la reforma de 2008. Este cambio se debió tanto a presiones internas por mejorar la impartición de justicia como a compromisos internacionales vinculados al respeto de los derechos humanos. El sistema acusatorio introdujo principios como oralidad, contradicción, publicidad, igualdad procesal y una mayor protección a la presunción de inocencia. En su metodología, la tesis usa un enfoque cualitativo basado en el análisis jurídico, doctrinal y jurisprudencial. Revisa normas como la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana y el Estatuto de Roma, además de criterios de la Suprema Corte de Justicia. También incluye un análisis comparado con Colombia, Argentina, Rusia y Venezuela para identificar prácticas útiles o riesgos en la implementación del sistema acusatorio. Un elemento relevante es la influencia del Common Law y de la jurisprudencia de Estados Unidos, donde casos como Miranda v. Arizona, In re Winship y Estelle v. Williams fortalecieron estándares como el derecho a guardar silencio, el estándar de prueba más allá de toda duda razonable y la protección del imputado contra prejuicios que puedan afectar al juicio. Además, se destaca el caso Coffin v. United States (1895), que formalizó la presunción de inocencia como principio “incuestionable y elemental”. El análisis comparado muestra que Colombia y Argentina han avanzado en fortalecer la oralidad, publicidad e independencia institucional, elementos que permiten procesos más transparentes. En contraste, Rusia y Venezuela exponen riesgos derivados de la falta de independencia judicial, la politización de la justicia y la permanencia de prácticas inquisitivas, lo cual vulnera sistemáticamente derechos como la presunción de inocencia. Estas comparaciones permiten comprender que la consolidación del sistema acusatorio no depende solo de su diseño normativo, sino del contexto institucional y de la voluntad de aplicar realmente sus principios. La tesis también hace énfasis en dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y García Rodríguez y otro vs. México. En ambos casos, la Corte concluyó que medidas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa funcionaron en la práctica como castigos anticipados, violando la presunción de inocencia, la libertad personal y las garantías judiciales. Estas decisiones obligaron a México a revisar leyes y prácticas, demostrando que aún existen rezagos estructurales que impiden aplicar adecuadamente el modelo acusatorio. Entre las principales deficiencias detectadas en México destacan la sobrecarga de trabajo en juzgados y fiscalías, la falta de capacitación especializada, la escasa infraestructura, la insuficiencia de defensores públicos, los retrasos procesales y la deficiente valoración de pruebas. Todo esto genera desigualdad entre las partes y favorece decisiones que vulneran la presunción de inocencia, como la imposición de medidas cautelares excesivas o la prolongación injustificada de procesos. Finalmente, la tesis concluye que, aunque el sistema penal acusatorio representa un avance importante en la historia jurídica mexicana, su efectividad depende de que se implemente plenamente. Es necesario fortalecer la capacitación continua de operadores jurídicos, fomentar la ética profesional, modernizar los sistemas de información, mejorar la infraestructura y garantizar que el Estado respete los estándares constitucionales e internacionales. Solo así la presunción de inocencia puede dejar de ser un principio teórico y convertirse en una garantía real dentro del proceso penal mexicano.