Esta investigación analiza la evolución del nivel de vida de los albañiles en el Estado de México durante el primer cuarto del siglo XXI. Partiendo de la paradoja de que este oficio, fundamental para el desarrollo urbano y que concentraba al 37.6% de los trabajadores de la construcción en la entidad en 2024, operaba en condiciones de alta precariedad (90-91% de informalidad laboral), el estudio evalúa si los salarios mínimos permitieron cubrir las necesidades básicas de las familias. Mediante una metodología innovadora, se calculó un índice de subsistencia adaptado al desgaste físico de la albañilería. La canasta básica incluyó 25 productos alimentarios (como tortilla, huevo y pollo) y 8 servicios esenciales (vivienda, salud, educación), estableciendo un requerimiento calórico de 2,086 kcal/día promedio por persona para reponer la energía gastada en jornadas de 8-10 horas con esfuerzo intenso. Los resultados son contundentes: durante más de dos décadas, el salario mínimo en México no fue suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia de cuatro integrantes. Entre los años 2000 y 2023, los ingresos provenientes de este salario apenas alcanzaron para adquirir entre 1.1 y 1.7 canastas básicas individuales, muy por debajo de las cuatro necesarias para sostener a una familia de ese tamaño. Fue hasta 2024, tras una serie de incrementos recientes, que por primera vez se superó el umbral de dos canastas individuales, marcando un avance significativo, aunque todavía insuficiente en términos de bienestar económico. Al comparar sexenios, el gobierno de López Obrador (2018-2024) registró la mayor mejora relativa (+87.85% en poder adquisitivo), mientras que la administración de Calderón (2006-2012) mostró el mayor retroceso (-12.3%). Pese a ser el tercer salario más alto entre oficios de "esfuerzo fuerte" (como herrería o pintura), los ingresos de los albañiles siguen siendo insuficientes. La investigación concluye que, pese a leves avances recientes, persiste un estado crónico de precariedad. Se evidencian así la urgencia de políticas que trasciendan los ajustes salariales nominales y aborden la formalización laboral, dado que la actual estructura de ingresos condena a las familias de estos trabajadores a un nivel de vida bajo.