Las excepciones al derecho a la libertad personal, previstas en la segunda parte del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen una lista de delitos para los cuales se determina la detención preventiva, que es una figura arbitraria que, entre otras cosas, viola la presunción de inocencia. De hecho, esta norma constitucional se aplicaba automáticamente; sin embargo, la graduación automática de esta norma constitucional ha sido desmantelada, como lo demuestran las mencionadas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, 7 de noviembre de 2022, y García Rodríguez y otros vs. México, 12 de abril de 2023), aunque no sin importantes desafíos. Estos desafíos se basan en la revisión de las pruebas que el juez de control realizó al momento de emitir el proceso formal, básicamente en relación con la interpretación de las pruebas y los medios de prueba presentados en la audiencia de debate. Se trata de asegurar el debido proceso y de establecer un estándar permisible para una evaluación justa y razonada de las pruebas. El segundo es que la interpretación abstracta o intencional es más general y conceptual, es decir, se centra en el significado general o implícito de los hechos analizados. Dicha interpretación no se basa únicamente en lo que se escribe, sino que también implica conclusiones, inferencias y deducciones realizadas por el juez según su experiencia previa y conocimiento del contexto del caso. Esto también ayudaría a unir varios hilos de evidencia y formar una historia cohesionada, lo cual es especialmente relevante en casos complejos donde la evidencia es circunstancial en lugar de directa. Los juicios se pronuncian con los datos y los instrumentos de prueba que se oyen en un juicio, pero su análisis tiene límites razonables que, en algunos casos, violan la presunción de inocencia del acusado, privándolo repentinamente de su libertad antes del final o la resolución del proceso judicial. Esto exige cambios, en esta etapa procesal, en la adecuación de las pruebas para prevenir la arbitrariedad y asegurar decisiones judiciales proporcionales y racionales.