De acuerdo con Martínez Carranza (2011) en la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad del Foro Mundial Urbano el llamado “derecho a la ciudad” el cual pertenece a la cuarta generación de los derechos humanos y hace referencia, en términos generales, a la calidad de vida a escala de la ciudad, implica el derecho a la seguridad. Además, la legitimidad del Estado descansa en el discurso de la inseguridad, el cual es reforzado por los expertos, los miembros de gabinetes y empresas de negocios (Bauman, 2011: 82). Tanto es así que la seguridad se vuelve un negocio dado que “Existe una mayor seguridad en muchos aspectos de la vida cotidiana pero también un gran precio a pagar por esos avances” (Giddens, 1996: 69), referido a las consecuencias de vivir en la modernidad en el sentido individual, social y ambiental.