Las primeras nociones del Ordenamiento Territorial proceden del urbanismo y entre sus antecedentes se encuentran las regiones capitalistas que durante la segunda mitad del siglo XIX mostraban rotundamente sus avances. El proceso reciproco de industrialización-urbanización generó tensiones sociales que reclamaban medidas correctivas por parte de los poderes públicos, una vez evidenciadas las disfunciones provocadas por las fuerzas del libre mercado. Entre los conflictos sobresalieron la penuria residencial y la insalubridad. Inglaterra, cuna de la revolución industrial, experimentó temporalmente el incremento de la pobreza urbana, familias numerosas tenían viviendas precarias de alquiler, generalmente mal ventiladas y sin iluminación suficiente. En el caso norteamericano, la metrópoli fue receptora del mayor flujo de inmigrantes en el mundo, que contribuyeron a engrosar los barrios marginales. Con estos antecedentes la vivienda se convierte en el centro de estas preocupaciones sociales (Cabrales, 2006, p.602). Asimismo, las tendencias que rigen hoy los destinos económicos del planeta y el fenómeno de la globalización, cambiaron los conceptos tradicionales de producción de bienes y de relación con el territorio. Actualmente algunas regiones se encuentran en desventaja frente a los grandes centros habitados que concentran el capital y las principales actividades económicas, con el riesgo de transformarse solo en abastecedores de recursos naturales, sin un concepto claro de desarrollo integral a futuro (Baeriswyl, 2001, p.14). La competencia de los gobiernos por atraer capitales, impulsa a entregar sus mejores recursos y territorios a cambio del necesario crecimiento económico. Ante esta situación, el ordenamiento debe constituirse en una función pública cuya gestión sea compartida con toda la sociedad, optando por un modelo de justicia socio-espacial apoyado en el concepto de calidad de vida presente y futura.