Con la transformación del sistema de justicia penal impuesto con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, trajo como consecuencia nuevos conceptos, instituciones y procedimientos, al reformarse diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una de las aportaciones de la reforma penal constitucional, es la introducción del auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma opta por una designación diferente del auto de formal prisión y el de sujeción a proceso por vinculación a proceso. El presente trabajo se adentra en el estudio de la vinculación a proceso y se expone en primer lugar para tener una mejor comprensión del tema los antecedentes del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual permite reconocer los cambios del citado artículo a través del desarrollo histórico del mismo y su evolución. Posteriormente se aborda la vinculación a proceso, como una resolución propia de México, debido a que antes de la reforma de junio de 2008, la encontramos regulada en el estado de Chihuahua en su Código de Procedimientos Penales, publicado en el Periódico Oficial del estado el 9 de agosto de 2006 y por el cual se implementa el sistema penal acusatorio. Después otros estados que adoptaron también el sistema acusatorio, antes de la reforma del 2008, retoman está figura. Además se hace una revisión de los países de Latinoamérica que iniciaron la transformación de su sistema de justicia, antes de la reforma constitucional del 2008, los que tampoco regulan la resolución de vinculación a proceso. Se continúa con el estudio de la conceptualización de la resolución de vinculación a proceso, para lo cual se analiza a los estados que comenzaron la transformación de su sistema de justicia, antes del 2008. Se abre el análisis de la naturaleza jurídica de la vinculación a proceso, como una resolución que permite continuar con la investigación formalizada, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.