Los gobiernos municipales en México, usualmente han ejecutado sus atribuciones, funciones y servicios con base en lo establecido en el marco jurídico que les otorga el Estado Mexicano, normalmente sin contar con instrumentos o herramientas administrativas propias que integren, agrupen y normalicen la forma en la cual estas acciones deben ser ejecutadas, específicamente en cuanto a las funciones de cada unidad organizacional, los responsables de ejecutarlas, la estructura que se cuenta para llevarlas a cabo, y las políticas institucionales en que se enmarcan, sólo por citar algunos aspectos que deberían abordarse en su marco jurídico, reglamentario y normativo. Si a esto le sumamos que el gobierno municipal en términos formales padece de estructuras y sistemas obsoletos en relación a la administración de todos sus recursos y que la estructura orgánica de los ayuntamientos es muy rígida, sus atribuciones y funciones son limitadas y, en algunos casos, podríamos decir que son hasta imprecisas, ya que la constitución general del país, las constituciones locales y las leyes orgánicas municipales señalan solamente que los ayuntamientos estarán integrados por un presidente municipal, síndicos y regidores en cantidad proporcional al número de habitantes quienes deberán de desempeñar sus funciones de promoción, vigilancia, control y otras de carácter ejecutivo en aspectos específicos como: la educación pública , hacienda pública, seguridad pública, obras y servicios públicos, entre otros, sin que tengan apoyo de ninguna clase.