Si bien México se considera como un país de jóvenes, en las próximas décadas esta situación se modificará; las proyecciones indican que para el 2050, la población adulta mayor será de 41.5 millones, lo que equivale a un 31% de la población total. Esta situación se recrudece a nivel estatal, en tanto Hidalgo tiene un índice de envejecimiento de 48.8, un punto porcentual arriba del índice nacional, lo que implica un aspecto de reflexión política. El proceso de envejecimiento poblacional y la ausencia de programas que promuevan la transición a esta nueva configuración demográfica, dan cuenta de un problema que se agudizará en los próximos años; las repercusiones sociales del fenómeno serán cada vez más complejas dado que atañen a las finanzas públicas, servicios y sistemas de salud, seguridad y asistencia social. En este contexto, la adecuación del objetivo 4 de los ODS de la agenda 2030, promovida por la OMS en el marco de la Década del Envejecimiento Saludable conlleva el fortalecimiento del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto implica el diseño e implementación de acciones y programas educativos que permitan a las personas mayores hacer lo que valoran, mantener la capacidad de tomar decisiones, conservar su identidad, independencia y sus metas vitales. Por tanto, el objetivo de esta investigación es analizar desde el enfoque de derechos humanos, las políticas públicas orientadas a atender educativamente a los adultos mayores hidalguenses durante el período 2016-2022. La investigación se desarrolla desde el enfoque de análisis de política pública, y se centra en la delimitación del problema público en el nivel de gobierno subnacional, Hidalgo; siendo que la aproximación analítica se desarrolla desde el enfoque de derechos humanos. La metodología utilizada es de corte mixto, con base en las aportaciones de Subirats et al. (2008), para análisis de políticas públicas. Se realizó análisis documental, diseño y aplicación de un cuestionario y breve historia de vida para adultos mayores. Los resultados indican que, si bien en el país existen marcos regulatorios ─leyes─ para la protección de los derechos humanos de las personas mayores, se carece de instrumentos de política pública que permitan traducirlos en acciones concretas para atenderles educativamente, situación que se mantiene y recrudece a nivel subnacional ─Hidalgo─. Se identifican fallas en la definición del problema público del envejecimiento, en tanto se ha optado por atenderlo desde la perspectiva tradicional que sustenta la hechura de políticas sociales desde la perspectiva del monto individual o la renta por hogares, a través de la pensión no contributiva.