Imagínese que se encuentra en una partida de póker, junto con otras personas. ¿Qué sucedería si uno de los jugadores quisiera asomarse a las cartas de los demás, y en ese ánimo, se acercara a usted ofreciéndole apoyarlo en su juego, a condición de que le permita ver sus cartas? Usted accede, y más tarda en ver sus cartas, que corre hacia los demás, con la misma intención. Al final, éste jugador y otro, ganan la partida, pues tenían la mejor mano. ¿Se levantaría de la mesa, alegando que el juego no es justo? Traslademos este ejemplo a la realidad del proceso penal. Cada uno de los jugadores es un sujeto en la relación jurídico-procesal, y el Ministerio Público es el que se está asomando a las armas de los otros, queriendo defenderlos, a la vez que los ataca, y sale beneficiado él y en favor de alguien más. La diferencia mayor, es que no es sólo la apuesta lo que está en juego, sino la credibilidad del sistema procesal y de justicia, que tiene que velar por que se cumplan las reglas de un debido proceso; la materialización de consecuencias jurídicas del delito, como la prisión, la necesidad de reparar el daño, etcétera. ¿Pero cómo podría ocurrir algo así? En la práctica penal, ocurre un fenómeno originado por la necesidad de procesar penalmente, en términos del sistema procesal penal mixto-inquisitivo, un hecho en el cual se actualizó la responsabilidad penal concurrente, es decir, cuando quienes se vieron envueltos en un antisocial, tienen la calidad simultánea de inculpado y de víctima, porque produjeron una lesión a un bien jurídico tutelado del otro, y a la vez, lo resintieron. Es decir, ambos son acreedores y deudores, recíprocamente; pero también, asumen una calidad dual, de imputado y víctima. En Derecho Civil, esta condición dual, la contemplan las instituciones de la compensación y confusión. [V] En cualquier proceso, el Ministerio Público, al estimar reunidos los elementos de la acción penal, la promueve ante la autoridad judicial, tomando la causa del afectado, quien se constituye en su coadyuvante, para pedir en nombre del Estado, la aplicación de las penas y medidas de seguridad, incluyendo la prisión y la reparación del daño. Las cosas se complican cuando tiene que actuar simultáneamente, en contra de quienes acudieron a solicitar su protección, porque son igualmente responsables de los daños ocasionados en los bienes jurídicos, uno del otro. Lo anterior, implica que al iniciar el proceso ante la autoridad judicial, el Ministerio Público, atendiendo a su naturaleza jurídica, tendrá como propósito velar por los intereses de ambos, como víctimas, y al mismo tiempo, los acusará a ambos de la comisión del delito. Así, el Ministerio Público, como parte del proceso, prevaricará, ya que llevará a cabo la representación de ambos involucrados, con la posibilidad de ver sus cartas para jugar, lo que le dará la posibilidad de sabotear su estrategia, vulnerando así el derecho fundamental a un juicio adecuado, que pugna por una igualdad de partes, como principio. Este trabajo pretende explicar lo que sucede con esta problemática, actualmente, en el marco del proceso penal mixto clásico-inquisitivo, para prevenir su actualización en el sistema procesal penal acusatorio-adversarial, a entrar en vigor, a más tardar en el año 2016, en nuestro país, aprovechando las instituciones de los criterios de oportunidad y la acción penal particular, que permite este nuevo sistema penal.