El presente trabajo tiene como objetivo analizar el diseño institucional y programático del Programa Pensión para Adultos Mayores (PPAM) y de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) en México durante el periodo 2016–2019, a partir de una metodología de análisis documental sustentada en la revisión crítica de fuentes normativas, técnicas y evaluativas. El estudio se propone identificar las continuidades y rupturas entre ambos esquemas, así como los fundamentos políticos y conceptuales que orientaron la transformación del modelo de política social hacia la universalización del bienestar. El análisis se desarrolla con base en documentos oficiales —Reglas de Operación 2016 y 2019, Evaluaciones de Consistencia y Resultados (CONEVAL), Auditorías de Desempeño (ASF) y Informes de Programas Prioritarios de la Secretaría de Bienestar— complementados con literatura especializada sobre regímenes de bienestar, derechos sociales y protección en la vejez. A partir de la sistematización de esta información, se examinan las dimensiones de diseño, cobertura, financiamiento y evaluación, considerando tanto los elementos técnicos como los discursivos que expresan el cambio de paradigma. Los resultados del análisis documental evidencian una reconfiguración profunda en la política de pensiones no contributivas. El PPAM (2016–2018) se inscribía en un modelo focalizado y asistencial, caracterizado por criterios de elegibilidad basados en la vulnerabilidad y montos reducidos de apoyo. En contraste, la PBAM (2019) instauró un esquema universal sustentado en el derecho al bienestar, incrementó el monto de la transferencia, simplificó la operación mediante bancarización y eliminó la intermediación institucional. Estas transformaciones reflejan la transición del Estado mexicano hacia un régimen de bienestar de carácter garantista, donde la protección en la vejez deja de concebirse como una ayuda focalizada para asumirse como derecho social. No obstante, las evaluaciones institucionales advierten retos en materia de sostenibilidad fiscal, articulación intersectorial y diseño de instrumentos de evaluación de impacto acordes al nuevo modelo universal. El estudio concluye que entre 2016 y 2019 se consolidó un cambio estructural en la política social mexicana, orientado a la universalización del bienestar, pero condicionado por la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y los mecanismos de evaluación que aseguren la efectividad y permanencia del derecho a la pensión no contributiva.