La implementación del Nuevo Sistema Penal en México tras la reforma del año 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación, significó para muchas víctimas en ambos géneros, un avance en materia de seguridad y de justicia. Dicho procedimiento acusatorio penal y oral creó un sistema de protección, el cual resguarda a través de derechos contemplados en la propia Constitución, leyes federales y locales , los cuales otorgan a favor de los sujetos pasivos del delito, derechos que tienen como finalidad entre sus principales funciones la seguridad integra de los mencionados, la devolución de sus objetos de uso personal, vigilancia en su domicilio, protección policial en caso de ser requerido, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, traslado a albergues en caso de ser requeridos entre otros, en los casos en que el Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad estime que las víctimas se encuentran bajo un riesgo inminente en cuanto a su seguridad, las cuales se concederán, fundando y motivando el por qué se estiman pertinentes. Por tal motivo, al fortalecer los derechos de las víctimas se opera una mejor defensa, dirigida a la protección de su integridad. Sin embargo, es importante estudiar que estas medidas sean aplicadas con objetividad y proporcionalidad, considerando que son actos de molestia para aquellos a los que les son impuestas. El presente proyecto de investigación tiene como principal propuesta, el análisis de la ejecución de todas las medidas de protección existentes en la ley, cuales se utilizan en mayor grado o protegen la seguridad en favor de las víctimas, los principios rectores de las mismas, así como el alcance y efectos de cada una, la forma de su extinción, así como dar a conocer la manera práctica de su ejecución, para finalmente analizar si realmente garantizan de manera íntegra la protección de las multicitadas víctimas.