La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2023), establece la autonomía en las entidades federativas para organizar la seguridad pública por medio de las instituciones de seguridad pública y estas a su vez dependen de diversos factores como los cuerpos policiales o también llamados estado de fuerza; que para sus funciones la policía se divide en proximidad, preventiva, de reacción y de investigación, aunque sus actividades tienen autonomía, deben regir su acción en un marco normativo y bajo protocolos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las estrategias implementadas por un Consejo Nacional de Seguridad Pública, con estricto apego a las leyes, códigos, de carácter estatal y federal vigentes. La seguridad pública estatal tiene retos muy complejos para lograr sus funciones ante un ambiente de violencia en aumento y que pone en riesgo el orden interno, por ejemplo, con base en los datos de la “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en marzo de 2022 el 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad; en marzo, pero de 2021 la cifra fue de 66.4%” (INEGI, 2022). En la ciudad de Pachuca, el 60.2% de la población de 18 años y más, se siente insegura (ENSPU, 2022). Además, los cuerpos policiales desempeñan sus funciones sin la profesionalización adecuada, debido los obstáculos para desarrollarla, como la persistencia a mantener el sistema actual, un sistema clientelar, no se han encontrado los mecanismos correctos para desarrollar una policía lo suficientemente profesional para realizar sus funciones; como detenciones con base en los protocolos mínimos de actuación, policías incorruptibles, policías físicamente capacitados para realizar sus tareas de prevención del delito, en el espectro administrativo no hay cultura organizacional, constantemente realizan reformas administrativas (Heredia, 2021) y las personas quienes están al frente de las organizaciones cumplen con su función de forma artesanal, más que profesional (Aguilar, 2006). El objetivo del documento es conocer y explicar el cumplimiento de las funciones de proximidad de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas. Metodológicamente, se propone un análisis estadístico a partir de un modelo de regresión lineal múltiple con un método de mínimos cuadrados, que calcula la probabilidad de la capacidad institucional de las instituciones de seguridad pública estatales, a partir de variables como: el 7 personal adscrito, el presupuesto, las prestaciones, escolaridad, nivel de capacitación, entre otras que pueden explicar la Capacidad Institucional de dichas instituciones.