El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada en el proceso, cuando una persona fue vinculada por hechos tipificados en la legislación penal nacional vigente, el abreviado se lleva a cabo con el fin de obtener una reducción en la pena que contempla el delito por el cual se sigue el procedimiento a cambio de una aceptación de responsabilidad y la renuncia a un juicio oral y con ello una posibilidad de absolución, para esto, la autoridad debe verificar diferentes puntos de suma importancia como por ejemplo, que el pago de la reparación de daño se encuentre cubierta, que la seguridad de las víctimas esté garantizada y que la aceptación de dicho procedimiento. por parte del procesado, sea de manera libre y voluntaria. Bajo este tenor, las pautas que se siguen en audiencia son verificativas de que todo se encuentra apegado a la legalidad, sin embargo, existe una cuestión contemplada en la legislación que opera directamente en el trámite administrativo previa audiencia como lo es, la autorización del procurador, en subsecuente y con las reformas venideras, fiscal general, quien debe acordar de conformidad un documento llamado minuta en donde se establece el acuerdo previo de las partes para sujetarse a esta herramienta de celeridad. Por lo anterior, es que resultó necesario identificar desde los criterios teóricos y prácticos en la materia penal, las consecuencias y violaciones que, a perspectiva de autores y operadores jurídicos, genera la forma en la que se lleva a cabo este mecanismo de aceleración ya conocido