Imagínese que se encuentra en una partida de póker, junto con otras personas. ¿Qué sucedería si uno de los jugadores quisiera asomarse a las cartas de los demás, y en ese ánimo, se acercara a usted ofreciéndole apoyarlo en su juego, a condición de que le permita ver sus cartas? Usted accede, y más tarda en ver sus cartas, que corre hacia los demás, con la misma intención. Al final, éste jugador y otro, ganan la partida, pues tenían la mejor mano. ¿Se levantaría de la mesa, alegando que el juego no es justo? Traslademos este ejemplo a la realidad del proceso penal. Cada uno de los jugadores es un sujeto en la relación jurídico-procesal, y el Ministerio Público es el que se está asomando a las armas de los otros, queriendo defenderlos, a la vez que los ataca, y sale beneficiado él y en favor de alguien más. La diferencia mayor, es que no es sólo la apuesta lo que está en juego, sino la credibilidad del sistema procesal y de justicia, que tiene que velar por que se cumplan las reglas de un debido proceso; la materialización de consecuencias jurídicas del delito, como la prisión, la necesidad de reparar el daño, etcétera. ¿Pero cómo podría ocurrir algo así?.