Esta investigación se concreta en analizar la legislaciones nacionales e internacionales, las cuales tienen relación o contemplan tipos penales susceptibles de ser cometidos por medios informáticos, verificar la ausencia de elementos de estos delitos en la legislación nacional planteando el estado de la cuestión de este fenómeno, lo que han hecho otros países en este rubro, así como nuevas estrategias de protección para hacer frente a las nuevas formas o variantes de delitos, lo cual favorecería en mucho el combate a la delincuencia, pues en lo que a informática se refiere no deben existir en México tantas lagunas jurídicas o falta de información al respecto, como hasta la fecha, demostrar los posibles delitos y variables de estos, que se pueden dar a través del manejo de una computadora o las TICS, identificar las incongruencias y divergencias entre la legislación nacional e internacional, a fin de proponer los ejes rectores que permitan cumplir con su teleología al Derecho Penal Nacional en esta materia. En este Proyecto se realiza un análisis de la legislación mexicana en general, además de verificar tipicidades y atipicidades en materia de Delitos Informáticos. Si bien es cierto, en algunas de las legislaciones no son tipificados como tales, pero si se encuadran en conductas ilícitas que crean un menoscabo en la víctima u ofendido de estas acciones, ya sea en su persona o patrimonio. Se efectúa un ejercicio de derecho comparado en este tema, para verificar las leyes e instrumentos internacionales y demostrar las que han brindado las mejores soluciones de cada país y al final proponer ser parte de los instrumentos internacionales o tomar un modelo de ley para adaptarlas a la legislación nacional existente. Los llamados delitos informáticos o delitos a través de medios informáticos, son una nueva forma de criminalidad que están ocasionando graves problemas y se necesita buscar soluciones, pues hoy en día es insuficiente la normativa para su combate y por lo tanto su prevención. Es esencial legislar en el tema para mantener la integridad de los sistemas informáticos y penalizar el acceso ilícito cuyos fines son la producción de diversos delitos.