En México, los procesos de descentralización han creado estrategias desde los tres órdenes de gobierno para que los municipios, a través de diferentes mecanismos, reciban facultades y recursos imprescindibles para promover su desarrollo. Desde la constitución de 1917 y con el establecimiento del artículo 115 constitucional, en donde se dotó de facultades hacendarias y políticas a los municipios, su transformación y desarrollo ha transitado por distintas fases en las que se ha reformado su régimen jurídico1, lo que ha impactado en la consolidación de estos, como instituciones con autonomía y capacidad de decisión, frente a los retos y problemáticas presentadas en los espacios locales.