La Administración Pública (AP) es la actividad dirigida a movilizar los recursos con los que cuenta un gobierno para realizar los fines dispuestos por el Estado, y con base en elementos racionales que no deben suponerse inamovibles, como un rasgo que fija de manera definitiva las estructuras sociales, por el contrario, debe observarse como un recurso que responde a condiciones específicas, siempre bajo el supuesto de dirigirse a un nivel de racionalidad mayor. En este punto la tarea de toda AP implica o supone ajustar las propias condiciones operativas en que se encuentra para impulsar, a su vez, las condiciones en las que se encuentra una sociedad de un momento dado1. Por ende, los gobiernos estatales deben de tener presente cuáles son las actividades que pueden realizar para generar un bienestar social en sus gobernados. Una vez identificadas estas actividades –obra pública, servicios públicos, programas sociales, entre otros– la élite política-administrativa determinan las formas de configurar la organización de las instituciones públicas que integran la maquinaría gubernamental, alineando las prácticas de gobierno, los procesos de modernización administrativa con las orientaciones de los proyectos personales. Las organizaciones e instituciones de los gobierno subnacionales en México han sido estudiados de manera parcial, incluso la incorporación de la evaluación del desempeño de la gestión gubernamental, como herramienta del modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP), cuenta con pocos estudios empíricos referentes al impacto en el desarrollo social de sus respectivas poblaciones.