Analizar la gestión pública en el ámbito municipal es una oportunidad para realizar cambios sustantivos en la forma de administrar los recursos públicos, así como para la innovación en la implementación de políticas públicas, puesto que el municipio es la primera instancia gubernamental que tiene contacto directo con la población. El municipio como núcleo básico territorial de la administración pública y a partir de la reforma constitucional de 1983, se ha dado a la tarea de conformarse como el órgano administrador de la unidad política-territorial básica y desde entonces ha tenido que aprender, emprender y luchar constantemente para ganar este espacio administrativo que le pertenece, frente al centralismo que ha imperado en el gobierno federal de nuestro país y así, hacer válido su derecho constitucional a administrarse de manera autónoma. Hoy día goza de independencia en sus atribuciones y es auto responsable de su organización; ahora tiene el pleno derecho y responsabilidad de ejercer su autonomía para implementar e innovar cualquier tipo de política pública, normatividad y procedimientos que requiera para poder llevar a cabo el objetivo de ejercer el gasto público de manera responsable, eficiente, eficaz y transparente. No obstante, esto no es del todo posible en la realidad, es decir, la administración pública municipal aún dista mucho de ser eficiente, eficaz y transparente; además, en el contexto tanto nacional como local, se presume tácitamente la existencia de la corrupción en todo lo que administra, sin embargo, poco se ha investigado al respecto para comprobar o refutar esta percepción.