Como resultado de la crisis de los ochenta, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigieron una reducción de ingresos en apoyos dirigidos a la población e impulsaron la implementación de políticas públicas de corte neoliberal. En consecuencia se presentan disminuciones en el ritmo de crecimiento económico, marcada polarización de ingreso, tasas reducidas de empleo y un notable aumento de población en estado de pobreza. Ante ello, uno de los compromisos que tiene el Estado con sus ciudadanos es garantizar el pleno desarrollo en diferentes ámbitos sociales, entre los que destaca la educación, la salud, la vivienda, el empleo, el ingreso, entre otros muchos. En este sentido, el Estado en todos sus niveles de gobierno, implementa diferentes estrategias que permitan cumplir este objetivo. En lo que compete al Gobierno Federal, plantea generalmente dentro del Plan Nacional de Desarrollo una meta enfocada al desarrollo social, donde las estrategias de acción se vinculan con ejes como el de alimentación y nutrición, salud, acceso a seguridad social, equidad de género, vivienda y empleo.