La prueba constituye el punto medular en cualquier procedimiento pues ella sirve de medio para aproximarnos a conocer los hechos que se encuentran en litigio. En materia penal sirve de sustento para brindar certeza y generar en el órgano decisor el más alto grado de convicción (más allá de toda duda razonable) acerca de los hechos planteados por las partes. Con la reforma del 28 de junio de 2008 en materia de justicia penal y de seguridad pública se ha buscado garantizar el respeto a los derechos de los gobernados que se ven bajo el poder castigador (ius puniendi) del Estado, motivo por el cual el tema de la prueba se vuelve aún más trascendental ya que su obtención no debe vulnerar derechos fundamentales, su ofrecimiento y posterior desahogo deberá seguir las reglas establecidas en la norma para ello.