El Instituto Nacional Indigenista (INI), creado en 1948 y reestructurado en 2003, cambiando su nombre a Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sesenta y ocho años de la existencia de una institución con el objetivo de ser una instancia a través de la cual el Estado implementaría, las políticas públicas dirigidas hacia los pueblos indígenas, sumando la coordinación del trabajo transversal con otras dependencias de gobierno federal, estatal y municipal para la ejecución de las mismas. Hablamos de un estado homogéneo liberal, como lo denomina Luis Villoro (Villoro, 1996), si bien se ha reconocido la existencia de las culturas indígenas, y la solución de integrarlos a la nación, como fue en un primer momento para solucionar los problemas de “atraso” y “pobreza”. En otro momento, el diseño de políticas buscó la solución a los problemas de “marginación” de los pueblos indígenas para que alcanzaran el desarrollo económico que aspiraba México, problema que durante el siglo XX y principios del siglo XXI, continua porque la demanda es muy parecida a la de años atrás, y bajo la presión de ciertos acontecimientos en la década anterior, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT y el levantamiento del Ejercito Zapatista para la Liberación Nacional en Chiapas, es hasta el sexenio presidencial de Vicente Fox donde se plantea una “nueva relación”, “como parte del proceso de construcción de una nueva relación entre el estado, la sociedad en general y los pueblos indígenas, se reconoció en la Constitución, por vez primera, la existencia en nuestro país de relaciones de discriminación y exclusión determinadas por la pertenencia étnica” (CDI, 2005:52) esto determinó el diseño de programas institucionales fundados en la equidad, inclusión y el reconocimiento a la diferencia, refiriendo al discurso oficial plasmado en los programas sociales que da impulso la CDI, encaminados a consolidar proyectos con fines productivos.